Alquileres indefinidos, préstamos al 0%, impuestos al suelo y 1,7 millones de pisos sociales: el plan de vivienda del PSOE

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales de España. En un contexto marcado por el encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y las dificultades de emancipación de los jóvenes, la Fundación Avanza, vinculada al PSOE, ha elaborado una batería de propuestas que pretende transformar el funcionamiento del mercado residencial. Entre las medidas más destacadas figuran la implantación de contratos de alquiler de duración indefinida, la concesión de préstamos públicos sin intereses para facilitar la compra de la primera vivienda y una reforma de la fiscalidad inmobiliaria.

Las iniciativas forman parte del informe “Proteger y construir. Hacia un New Deal para la vivienda en España”, elaborado junto con la Fundación Friedrich Ebert, que plantea movilizar una inversión sostenida de 20.300 millones de euros anuales para ampliar el parque de vivienda asequible. El documento, presentado el pasado 5 de noviembre, aspira a sentar las bases de una nueva política residencial y constituye una de las referencias del debate programático socialista de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta llega en un momento de especial tensión en torno al acceso a la vivienda, una de las principales reivindicaciones de la huelga general convocada este miércoles por las organizaciones sindicales. Frente a las medidas de carácter temporal, la fundación defiende una transformación estructural que combine una mayor protección de los inquilinos con un incremento significativo de la construcción.

Una de las iniciativas con mayor impacto sobre el mercado del arrendamiento esla introducción de contratos de duración indefinida, siguiendo modelos existentes en países como Alemania y Países Bajos. La propuesta contempla que los propietarios únicamente puedan resolver estos contratos por causas previamente establecidas, con el objetivo de proporcionar una mayor estabilidad residencial a los hogares.

Este planteamiento supondría avanzar hacia un modelo en el que la continuidad del alquiler no dependiera de sucesivas renovaciones contractuales. La fundación considera que una mayor estabilidad permitiría reducir la incertidumbre de los inquilinos y facilitar la planificación económica y familiar.

El documento también plantea reforzar la transparencia del mercado mediante un registro obligatorio de contratos de alquiler que permita conocer las rentas efectivamente pactadas. Sus autores advierten de que los precios publicados en los portales inmobiliarios no siempre reflejan las condiciones reales de los contratos y pueden sobreestimar significativamente los importes abonados por los inquilinos.

Asimismo, propone evaluar periódicamente los efectos de la regulación en las zonas tensionadas y reforzar los mecanismos destinados a evitar que los arrendamientos temporales y turísticos se utilicen para eludir las obligaciones correspondientes a la vivienda habitual.

Préstamos sin intereses para los jóvenes

En el mercado de compraventa, una de las medidas más relevantes consiste en facilitar financiación pública sin intereses a los menores de 40 años que quieran adquirir su primera vivienda. El objetivo es reducir las barreras económicas que encuentran los compradores jóvenes, especialmente aquellos que disponen de ingresos para afrontar una hipoteca, pero tienen dificultades para reunir el ahorro previo necesario.

La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia para mejorar el acceso a la propiedad, aunque su desarrollo exigiría concretar las condiciones de concesión, los requisitos económicos y los mecanismos de financiación.

La fundación también plantea una revisión profunda de la fiscalidad inmobiliaria. Una de sus principales iniciativas consiste en modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para que grave con mayor intensidad el valor del suelo y reduzca el peso correspondiente a la edificación.

Según el diagnóstico del informe, el actual sistema de valoración catastral presenta desequilibrios entre los inmuebles de distinto valor. En concreto, las viviendas más modestas tributan, de media, sobre el 42% de su valor de mercado, mientras que en los inmuebles más caros esta proporción se reduce al 32%. La reforma pretende corregir estas diferencias y orientar la fiscalidad hacia una utilización más eficiente del suelo. También se plantea revisar determinados aspectos del IRPF relacionados con la propiedad inmobiliaria.

Multiplicar el parque de vivienda social

El segundo gran pilar del New Deal es incrementar significativamente la oferta de vivienda asequible. Para ello, la fundación propone elevar el peso del parque social desde aproximadamente el 3,5% actual hasta el 10% en un horizonte de quince años. La estrategia se inspira en modelos europeos como los de Austria, Dinamarca y Países Bajos, donde la vivienda social y asequible tiene una presencia considerablemente mayor.

Para financiar esta transformación, el informe calcula que sería necesario movilizar alrededor de 20.300 millones de euros anuales. De esta cantidad, entre 4.000 y 6.200 millones corresponderían a capital estrictamente público, mientras que el resto se obtendría mediante financiación en condiciones favorables e inversión privada sujeta a regulación.

El plan contempla aprovechar el patrimonio inmobiliario de las administraciones y movilizar suelo perteneciente a empresas públicas, autoridades portuarias y otros organismos para desarrollar nuevas promociones residenciales. También defiende reducir los plazos administrativos y urbanísticos que dificultan la construcción, así como reforzar la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Otra de las propuestas consiste en garantizar que las viviendas construidas o rehabilitadas con financiación pública mantengan permanentemente su finalidad social. Para ello, el documento plantea estudiar reformas legales, incluida la posibilidad de modificar la Constitución, que impidan su descalificación y posterior incorporación al mercado libre.

La fundación también propone impulsar entidades sin ánimo de lucro especializadas en la promoción y gestión de vivienda asequible, siguiendo el modelo de las housing associations británicas.

El conjunto de iniciativas dibuja una estrategia que combina intervención pública, reformas fiscales y colaboración con el sector privado. Su aplicación dependería, no obstante, de la aprobación de nuevas normas, la disponibilidad de financiación y la coordinación entre administraciones con competencias en vivienda.